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Ambiente

Martes 6 de Setiembre de 2005

Aire en venta

por GRAIN

El concepto de “servicios ambientales” se ha vuelto popular en la última década y se ha deslizado insidiosamente en nuestra conciencia colectiva sin que sonara la alarma que debió haber sonado.

Los servicios ambientales sirven para llevar la privatización a un nuevo nivel –una forma de privatizar muchas cosas que hasta ahora no eran objeto de privatización: aire, agua y todo tipo de procesos ecológicos. Este primer artículo de una serie de dos, analiza lo que se ha hecho hasta ahora en nombre de los servicios ambientales, y las consecuencias de convertir los elementos naturales básicos en mercancías o “commodities”.

No sé quién eres, pero una cosa te pido no te vendas.

No, aire, no te vendas, que no te canalicen, que no te entuben, que no te encajen ni te compriman que no te hagan tabletas, que no te metan en una botella, cuidado! … - Pablo Neruda, “Oda al aire”

Hace 50 años, el poeta chileno Pablo Neruda escribió estas líneas en su “Oda al aire”.

En esa época esas ideas fueron entendidas como una metáfora, otro ejemplo de la imaginación y el genio del poeta. Hoy, en el año 2005, esos temores imaginados por Neruda tienen bases reales que crecen día a día. El aire nos circunda, nos permite respirar, enreda nuestros cabellos y corre libremente. Pero junto con el agua, el clima, los océanos y la lluvia, el aire ha comenzado a verse como un “servicio ambiental”, otra clase de mercancía objeto de transacciones comerciales y por la cual todos y todas debemos pagar, nos guste o no.

El concepto de “servicios ambientales” se ha vuelto popular en la última década. Originalmente el término fue acuñado por los economistas y ahora aparece con frecuencia en documentos producidos por gobiernos, el Banco Mundial y otros organismos internacionales, universidades y asociaciones comerciales. También ha sido adoptado en los vocabularios de organismos para el desarrollo, ONGs y organizaciones sociales. La terminología y las definiciones jurídicas que rodean a los conceptos de pagar por los servicios ambientales y de cobrar por ellos todavía están en proceso de formación. Sin embargo, los servicios ambientales se han deslizado insidiosamente en nuestra conciencia colectiva sin que sonara la alarma que debió haber sonado, y en general han sido aceptados como obvios e incuestionables. La idea de pagar por los servicios ambientales creció y se ha fortalecido como consecuencia de perspectivas y objetivos específicos. Su atractivo y aceptación radica en la forma en que el concepto armoniza perfectamente con el contexto social y político en que estamos viviendo. Entender sus raíces puede ayudarnos a hacer frente al impacto que los servicios ambientales podrían tener en la sociedad, en especial ayudarnos a comprender por qué no hay nada obvio o incuestionable en el concepto.

La situación actual

Los países latinoamericanos han sido los pioneros de los servicios ambientales, en especial Costa Rica, pero también México, Ecuador y Brasil. Después de América Latina, los precursores son Australia y Filipinas. Los ámbitos en los cuales se ha llevado a cabo la mayor aplicación práctica del concepto son el secuestro del carbono atmosférico, la captura y almacenamiento de agua, y la conservación de la biodiversidad y el paisaje (principalmente para el turismo).

El proceso de crear un programa para la venta de un servicio ambiental generalmente comienza con un proyecto de conservación, un emprendimiento de ecoturismo o un negocio de embotellamiento del agua de una comunidad local. Junto con esto se pone mucho énfasis en el desarrollo sustentable. La mayoría de los proyectos tienen respaldo gubernamental, si bien lo típico es ver iniciativas comenzadas desde el sector privado y presentadas como esfuerzos de ONGs.

En proyectos de conservación, a las comunidades locales se les ofrecen pagos anuales para conservar determinadas zonas del bosque o de vegetación natural. A cambio, las comunidades deben poner en práctica un plan de gestión definido por el gobierno o por un organismo privado. La comunidad debe ajustarse a ese plan de gestión durante toda la vida del proyecto; es posible que no puedan utilizar el bosque o las áreas naturales de ninguna otra manera. Esos planes de gestión apuntan a tener un “impacto cero” en el ambiente, lo que significa que no puede sacarse nada ni nada puede interferir con el proyecto.

Los proyectos de ecoturismo también están vinculados de manera similar con los planes de gestión. Además, las comunidades involucradas en esos proyectos de ecoturismo deben también invertir en infraestructura y comercialización, lo que generalmente desemboca en préstamos y endeudamiento.

En los proyectos relacionados con el agua, el Estado “reconoce” el derecho de las comunidades a explotar “sustentablemente” una porción mínima del agua “producida por” la fuente local, generalmente para su embotellado, y una vez más, conforme a las condiciones de un plan de manejo. Nuevamente, las comunidades participantes de proyectos relacionados con el agua también deben invertir en infraestructura y comercialización.

Hay tres impactos inmediatos sobre las comunidades que participan de ese tipo de proyectos de conservación: pérdida de control sobre por lo menos parte de su territorio; endeudamiento, que puede provocar pérdida de tierras; y medidas financieras y legales punitivas si no cumplen lo que está estipulado en los planes de gestión. Las posibilidades de que las comunidades sean objeto de expropiaciones, marginación, represión, explotación y de que sufran divisiones internas, son incalculables. Esos impactos sobre las comunidades quedan demostrados por la reciente legislación de Chile.

Otra forma de establecer un servicio ambiental es privatizando un parque nacional. Se otorga a una empresa privada el parque nacional, o, lo más común es que sea concedido a una ONG o fundación de conservación, especialmente creada para tal fin. Se les otorga a esas organizaciones o empresas la concesión de administrar las áreas naturales por largos periodos a cambio de la promesa de conservarlas, y con libertad para lucrar con sus recursos. A menudo, las comunidades indígenas y rurales pierden en el proceso en la medida que ya no tienen más acceso a la zona de parque, o su propia tierra es declarada “zona de amortiguación”, limitando así su uso del territorio.

Buscadores de carbono

Pero quienes han invertido en servicios ambientales o se han convertido en agentes intermediarios en ese rubro –gobiernos, empresas privadas u ONGs- tienen en sus manos negocios potencialmente muy buenos. Los parques privatizados o las áreas conservadas pueden generar ingresos importantes a través de los llamados “créditos de carbono” a partir de contratos de bioprospección, de la conservación y almacenamiento de agua entregada en concesión a empresas privadas, y del ecoturismo.

El secuestro (captura) y comercialización de carbono es actualmente la forma de servicio ambiental más común y conocida. Los mayores contaminantes de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera son las industrias (especialmente manufactureras y de energía). Debido a diversas reglamentaciones y acuerdos, la industria debe reducir las emisiones. Para cualquier empresa en los Estados Unidos, el costo de reducir las emisiones en la fuente puede llegar hasta los 150 dólares por tonelada de carbono; una empresa en Europa tal vez necesite invertir hasta 200 dólares para la misma reducción. Pero las empresas tienen otra alternativa diferente: en lugar de reducir realmente sus emisiones pueden pagar a otras compañías y grupos, en general de países no industrializados, para reducir las emisiones o absorber CO2 de la atmósfera contabilizándolas como si fueran reducciones propias.

El gran negocio para las empresas es que cuando les pagan a otros, pagan solamente una fracción de lo que necesitarían invertir en su lugar de origen para alcanzar el mismo objetivo. El negocio de comprar y vender esos créditos de carbono ha crecido tanto que se venden “bonos de carbono” en el mercado accionario. Empresas o grupos radicados en países no industrializados actualmente venden la reducción de emisiones de carbono o la absorción de carbono atmosférico en alrededor de 10 dólares la tonelada de carbono, y las compañías estadounidenses y europeas ahorran así más del 90 por ciento de lo que les costaría hacerlo verdaderamente en su país. En el caso de Bolivia, los inversionistas lograron un negocio especialmente bueno ya que adquirieron esos créditos a sólo un dólar la tonelada. Y tienen libertad de contabilizarlos como su propia reducción de emisiones de carbono, o de venderlos a otras empresas.

Arrogándose autoridad

Una de las preocupaciones mayores acerca de esos nuevos criterios de manejo de los recursos naturales es la forma en que los gobiernos se arrogan la autoridad para otorgar o reconocer los derechos de las comunidades locales sobre los territorios que les pertenecen o han estado históricamente bajo su control. El resultado es que los gobiernos tienen la facultad de expropiar esos derechos si no se cumplen ciertas condiciones, o de dar sus derechos y territorios a un tercero, incluso empresas privadas y ONGs internacionales.

Los gobiernos también se arrogan el derecho de privatizar grandes sectores de tierra, gran parte de la cual fue tomada en primer lugar de pueblos indígenas y puede ser parte del patrimonio público o nacional. La privatización de la naturaleza, en especial las tierras de pueblos indígenas y pequeños agricultores, ha aumentado a un grado nunca visto antes. Los servicios ambientales ofrecen un nuevo mecanismo para privatizar, expropiar y concentrar la propiedad de la tierra.

GRAIN (www.grain.org) es una organización internacional sin fines de lucro que promueve el manejo y utilización sustentable de la biodiversidad agrícola basada en el control popular sobre los recursos gen’leticos y el conocimiento local. El presente artículo apareció originalmente en su revista Seedling en inglés (abril de 2005, air, don’t sell yourself…’).




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