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Necesario fortalecimiento del mandato y la capacidad de la ONU en materia de Financiación para el Desarrollo

por Martin Khor

El diálogo a nivel ministerial sobre financiación para el desarrollo culminó en la noche del 30 de octubre con una sesión plenaria oficial de la Asamblea General en la que el Presidente de la Asamblea, Julian Robert Hunte (Ministro de Relaciones Exteriores de Santa Lucia) presentó las Conclusiones de la Presidencia del Diálogo.

El Diálogo de dos días de duración (y las jornadas de audiencia que lo precedieron) fue un foro provechoso para el intercambio de puntos de vista. Pero no alcanzó a satisfacer ni cerca la necesidad menor de revisar y monitorear los compromisos de la Conferencia de Monterrey, y mucho menos cumplió con la tarea más amplia de abordar los problemas mundiales de financiación y desarrollo.

El rol limitado del Diálogo había quedado ya establecido desde el mismo Consenso de Monterrey. Algunos de los principales países desarrollados se habían mostrado inflexibles en su insistencia de que el seguimiento de Monterrey debía ser un proceso reducido.

Por lo tanto, los únicos mecanismos de seguimiento son el Diálogo bienal de dos días; un día de reunión anual de Primavera del ECOSOC con las instituciones financieras internacionales y la OMC; interacciones y "audiencias" con grupos de la sociedad civil y empresariales; y una pequeña unidad dentro del Secretariado de la ONU encargada de organizar el proceso.

Pero, en el curso del Diálogo fue evidente que muchos gobiernos, y sin duda las ONG, quieren llevar el proceso a un plano más alto, para que la ONU pueda empezar a ajustar sus acciones a los múltiples y crecientes problemas de financiación y desarrollo, con el fin último de abordarlos.

Las Conclusiones de la Presidencia -cuyo propósito es resumir los debates del Diálogo- reflejan en cierta medida esta impaciencia ante la falta de capacidad y la necesidad de extender el mandato y la capacidad de la ONU.

Las Conclusiones destacan la existencia de un consenso general en cuanto a una necesidad de mayores logros en materia de financiación para el desarrollo, en particular con respecto a los desarrollos adversos surgidos recientemente en el comercio internacional y en las transferencias financieras.

El Presidente de la Asamblea General dijo que muchas delegaciones reclamaron un mecanismo de revisión y monitoreo de la implementación del Consenso de Monterrey, y en especial también para el octavo Objetivo de Desarrollo del Milenio (referido a una asociación mundial para el desarrollo). Según el mecanismo propuesto, tanto los países desarrollados como en desarrollo deberán informar sobre las acciones que promuevan para implementar el Consenso de Monterrey.

Afirmó asimismo que el tema central radica en la voluntad política. Muchos oradores plantearon la necesidad de impulsar medidas tendientes a movilizar la voluntad política para implementar el Consenso. Muchos también reclamaron un aumento de los recursos.

Según Hunte, se manifestó interés en que se retomaran cuanto antes las negociaciones comerciales en la OMC, hacia una conclusión efectiva en materia de desarrollo. Se expresaron inquietudes por parte de los gobiernos respecto a las medidas proteccionistas, como por ejemplo el abuso de las medidas antidumping.

También se manifestó preocupación sobre los mercados de productos básicos y la vulnerabilidad de los agricultores frente a la volatilidad de los precios. Afirmó que Naciones Unidas debe asumir seriamente el tema de los productos básicos. Una de las propuestas presentadas fue la de ajustar los niveles de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) para contrarrestar los movimientos cíclicos en los precios de los productos básicos. Otra propuesta fue la de establecer niveles mínimos garantizados para los precios de los productos básicos.

Hunte dijo que deben fortalecerse las relaciones entre la OMC y la ONU. Sería importante también aumentar los niveles de asistencia.

Agregó que algunos oradores se mostraron decepcionados ante la lentitud de la iniciativa de reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME) en alcanzar logros concretos en materia de alivio de la deuda y plantearon ciertas dudas sobre la efectividad de esta iniciativa. Algunos países acreedores acordaron reconsiderar el aporte de fondos complementarios de alivio de la deuda, si los países afectados completan sus programas pero no logran más que un mínimo de alivio.

Se planteó que la ONU podría considerar el establecimiento de un grupo de estudio informal o un grupo de arbitraje internacional bajo su órbita dedicado al tema de la deuda.

Algunos oradores destacaron que las remesas de fondos son una fuente importante de financiación. Hubo también reclamos de nuevas formas innovadoras de financiación para el desarrollo.

Se expresó la necesidad de reforzar la cooperación internacional en materia impositiva. Una sugerencia fue la de elevar la posición del grupo especial en materia impositiva.

Deben fortalecerse las estructuras democráticas a nivel nacional para poder abordar tareas tales como el combate a la corrupción.

Hunte agregó que se planteó la necesidad de fortalecer las fuerzas democráticas a nivel mundial. Los países en desarrollo tendrían que haber obtenido una mayor participación en los procesos de toma de decisiones de las instituciones financieras internacionales.

Varios países también mostraron interés en reformar y fortalecer al ECOSOC. Hay que fortalecer a la ONU a través del ECOSOC para asumir la coordinación de los temas macroeconómicos a nivel mundial. El fortalecimiento del ECOSOC también es necesario para abordar problemáticas sociales y económicas y para actuar en materia de Financiación para el Desarrollo.

Se propuso entre otras cosas la expansión de la oficina del ECOSOC, o la creación de un consejo de seguridad económica y social, o el establecimiento de un organismo intergubernamental para la preparación del diálogo del ECOSOC con las instituciones financieras internacionales y la OMC en las reuniones de primavera.

También hubo propuestas dirigidas a formar diversos grupos de trabajo informales, en el marco de la FpD, integrados por múltiples actores, para abordar temas específicos.

Oradores de los países en desarrollo también trataron la necesidad de una cooperación financiera sur-sur.

Hunte apeló a gobiernos y organizaciones multilaterales, así como a la sociedad civil y a los sectores privados, para que concreten e implementen las ideas y propuestas formuladas durante los últimos dos días.

Como próximo paso en el proceso de FpD, Hunte elevará las Conclusiones finales de la Presidencia a la Segunda Comisión de la Asamblea General. Esto será seguido por un proceso de aproximadamente tres a cinco semanas en el cual se formulará una Resolución sobre Financiación para el Desarrollo, que deberá estar pronta antes del 15 de diciembre, día en que culmina la actual sesión de la Asamblea General.

El Diálogo de Alto Nivel de la Asamblea General, de tres días de duración, se organizó como instancia de seguimiento de la Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo del año 2002, cuyo resultado principal fue un marco de políticas conocido como el Consenso de Monterrey.

El Diálogo marcó el comienzo de un proceso bienal dirigido a realizar una evaluación y planificación prospectiva hacia la implementación del Consenso de Monterrey.

El Diálogo incluyó audiencias con la sociedad civil y sectores empresariales; discursos plenarios oficiales; mesas redondas con la participación de Ministros, organismos, ONG y sectores empresariales; y expertos y organismos y un plenario informal interactivo.

Parecería que el proceso de seguimiento de FpD se ha transformado en el principal eje del sistema de Naciones Unidas para la discusión de la problemática de financiación y desarrollo a nivel intergubernamental.

Sin embargo, el Diálogo de la pasada semana demostró lo frágil que sigue siendo este proceso. Además de esta instancia de tres días, que se realiza recién cada dos años, sólo está el “evento de primavera”, reunión anual de un día de duración en la que se invita a autoridades del FMI, el Banco Mundial y la OMC a dialogar con integrantes de la ONU en el ECOSOC.

El Diálogo en sí sirvió como foro para el intercambio de puntos de vista sobre la situación actual de la financiación para el desarrollo. Pero no fue capaz de realizar un análisis serio de la implementación de los compromisos de los países desarrollados y los organismos internacionales, ni de los países en desarrollo.

La documentación para el Diálogo también fue escasa, compuesta básicamente por un documento único, un informe de 47 páginas elaborado por el Secretario General sobre la implementación y el seguimiento de la Conferencia de Monterrey. Dicho informe está referido a varios temas: movilización de recursos nacionales e internacionales, comercio, cooperación para el desarrollo, deuda externa, temas sistémicos y el mantenimiento del compromiso con la participación.

Este informe compacto puede resultar un tamaño adecuado para un diálogo de dos o tres días, pero no sirve para un tratamiento a fondo de un espectro tan amplio de temas clave.

Por otra parte, la unidad de FpD del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales del Secretariado de la ONU es muy reducida y los funcionarios que la integran son contratados por períodos anuales. Es vital aumentar su capacidad y continuidad, si se quiere extender su función para asumir una tarea de revisión y monitoreo, como propusieron muchas delegaciones en el Diálogo.

A nivel intergubernamental, el proceso de seguimiento de la Conferencia de Monterrey aún no ha encontrado una sede más estable y permanente, ya que actualmente sólo consiste en una jornada de diálogo anual de primavera en el ECOSOC y un Diálogo de Alto Nivel de dos días de duración celebrado cada dos años bajo la órbita de la Asamblea General.

El proceso de seguimiento debe elevarse de su estado actual de “diálogos” a un nivel más permanente, con la conformación de un Comité, Grupo de Trabajo o Comisión en el marco del ECOSOC. Como mínimo debería aprobarse la propuesta planteada en el informe del Secretario General de establecer un comité o una oficina a cargo de la planificación de la reunión anual de primavera con el Banco Mundial, el FMI, la OMC y la UNCTAD, así como otros aspectos del seguimiento.

El informe del Secretario General plantea que este órgano podría designarse como comité ejecutivo o directivo, con un tamaño similar al de la Oficina del comité de preparación de la Conferencia de Monterrey y representación geográfica proporcional. El informe también propone el establecimiento de "grupos de estudio informales" sobre cuestiones específicas de política, con la participación de representantes gubernamentales, organismos internacionales, la sociedad civil y sectores empresariales y académicos.

Durante el Diálogo algunas delegaciones se habían referido a estas dos propuestas –la de una oficina y la de grupos de estudio- y las mismas fueron incluidas también en la declaración final del Presidente.

Podrían formar parte de un enfoque de creciente profundización del proceso de seguimiento de la Conferencia de Monterrey, que ya desde la Conferencia misma algunos gobiernos de los grandes países desarrollados habían garantizado deliberadamente que empezaría con una capacidad muy débil.

A más largo plazo, los integrantes de la ONU tendrán que tomar medidas más sistémicas para fortalecer el rol de la organización en materia de financiación y desarrollo.

Una de las palabras más sonadas durante todo el Diálogo fue "coherencia". Varios participantes propusieron que se reforzara la función del ECOSOC como eje y foro de coordinación y coherencia de políticas financieras, comerciales y de desarrollo a nivel internacional.

El Diálogo de FpD de la semana pasada sirvió para congregar a diversos actores en un interesante debate, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones impuestas al proceso de seguimiento por el mismo Consenso de Monterrey. Falta muchísimo por hacer, incluido la extensión del mandato de seguimiento, si lo que se pretende es que este proceso trascienda el mero intercambio de opiniones, logrando un efectivo análisis y monitoreo de la implementación de los compromisos de Monterrey, apuntando hacia el objetivo mayor de analizar y resolver los problemas económicos mundiales.

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