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Advertencia: el TLC es peligroso para la salud

por Roberto Bissio

Médecins Sans Frontières (Médicos sin Fronteras), la organización no gubernamental ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1999, ha lanzado en Ginebra una advertencia inusual: los tratados bilaterales de libre comercio (TLC) que promueven los Estados Unidos contienen disposiciones que atentan contra la salud de los países pobres.

Tratándose de una organización notoriamente reacia a pronunciarse políticamente y que por estatutos no establece alianzas con gobiernos, empresas u otras ONG, el alerta de los médicos voluntarios merece ser tomado en cuenta.

Tras analizar la letra y la aplicación de los TLC firmados con Estados Unidos por Australia, Chile, Canadá, México, Singapur y Marruecos, los médicos concluyen que “el diablo está en los detalles” y explican que “la letra chica de estos acuerdos incluye provisiones que van mucho mas allá de las medidas sobre propiedad intelectual acordadas en el marco de la Organización Mundial del Comercio, al anteponer el interés comercial por encima de la salud pública”.

Si bien muchos gobiernos han exceptuado los servicios de salud de aquellos que el TLC abriría a la libre competencia con inversores extranjeros, los TLC tienen enorme impacto sobre los medicamentos.

Los TLC prorrogan muchos años (y tal vez indefinidamente) el monopolio de las grandes firmas farmacéuticas sobre los medicamentos que producen, aun cuando no tengan patentes registradas en el país con el que se firma el TLC. Las patentes que caducaron se pueden renovar “descubriendo” nuevos usos para el mismo remedio o mantener de hecho al obligar a quien quiera registrar el mismo producto con otra marca a volver a demostrar su utilidad, porque ya no la fórmula sino también la demostración científica por la que se concedió la autorización inicial pasa a ser “propiedad intelectual protegida”. No sólo la fabricación de genéricos en Uruguay quedaría prácticamente prohibida si se firma un TLC con estas cláusulas, sino que tampoco se podrá importar medicamentos más baratos de terceros países.

Bajo los términos de los TLC recientemente firmados por Estados Unidos, el Estado queda, además, imposibilitado de fijar precios máximos para los medicamentos y hasta de autorizar la producción o importación por terceros de medicinas que por alguna razón comercial el dueño de la patente no quisiera vender en el país. Cuánto costaría elevar de esa manera los niveles uruguayos de protección de la propiedad intelectual es difícil de estimar, pero tómese como botón de muestra el dato de los costos de tratamiento con AZT a los pacientes seropositivos: ¡la introducción de los genéricos en Brasil hizo bajar el precio de la dosis de mil dólares a cien! Fue, precisamente, la imposibilidad de tratar la pandemia del VIH-sida con carísimos medicamentos monopolizados lo que llevó a la OMC, ante la presión conjunta de ONG y países pobres, a establecer excepciones para permitir la producción o importación de medicamentos genéricos por los países pobres.

El senador Edward Kennedy introdujo en 2002 una enmienda que requiere a los negociadores norteamericanos “respetar” la Declaración de Doha que antepone el derecho a la salud a la propiedad intelectual, pero en la vida real de los TLC esa cláusula se ignora. La ley de “promoción comercial” de 2002 (también llamada “fast track”) que fija plazos y límites a los negociadores comerciales norteamericanos exige que si un TLC contiene normas de propiedad intelectual (y hasta ahora todos las tienen), éstas no pueden admitir menos protección a las patentes que la que los laboratorios tienen en Estados Unidos o sea la más alta del mundo. En ese año de 2002 los laboratorios transnacionales empleaban en Washington a 675 lobbystas (profesionales de la presión política), casi siete por cada senador. Ochenta por ciento de las contribuciones electorales de los 25 mayores laboratorios fueron para el Partido Republicano y el gasto total en influencias políticas de la industria farmacéutica entre 1997 y 2002 se estima en 650 millones de dólares.

Con medicamentos más caros y mayores costos de funcionamiento, el Plan Nacional de Salud se vería postergado y la atención médica encarecida. Las mutualistas, laboratorios nacionales, autoridades de Salud Pública, Sindicado Médio y FUS no pueden estar ausentes de las consultas sobre el TLC. (FIN)

Roberto Bissio es Director del Instituto del Tercer Mundo Artículo publicado en La Diaria el 16 de agosto de 2006 www.ladiaria.com.uy