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ONGs manifiestan oposición a negociaciones sobre inversiones en la OMC

por Kanaga Raja

El 10 de junio, cuatro representantes de ONGs expresaron en una conferencia de prensa sus preocupaciones y su oposición a la propuesta de comenzar a negociar un acuerdo sobre inversiones en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El grupo ActionAid publicó su nuevo informe “Compañías ilimitadas”, y otras tres organizaciones –International Union of Foodworkers (Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación), CIEL y la Red del Tercer Mundo– expresaron sus opiniones.

La conferencia de prensa tuvo lugar mientras el Grupo de Trabajo sobre la Relación entre Comercio e Inversiones de la OMC celebraba su última reunión antes de la Conferencia Ministerial de Cancún.
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Ginebra, 10 de junio de 2003

El nuevo acuerdo internacional sobre inversiones propuesto para negociar en la Organización Mundial del Comercio (OMC) provocaría un daño de largo plazo al sustento de los pobres en los países en desarrollo, advierte un nuevo informe de la agencia británica de desarrollo ActionAid.

En su informe “Compañías ilimitadas”, publicado en Ginebra el martes, ActionAid previno que un tratado sobre inversiones en la OMC implicaría enormes riesgos para los más pobres del mundo, y exhortó a la Unión Europea a abandonar su insistencia en tal acuerdo. También recomendó que en los preparativos de la Conferencia Ministerial de Cancún, los países industrializados no intenten persuadir a los países en desarrollo de ceder sus intereses en materia de inversiones a cambio de beneficios en otras áreas, tales como la agricultura.

En lugar de un acuerdo de la OMC sobre inversiones, la comunidad internacional debería respaldar el establecimiento de un marco regulatorio internacional, con carácter obligatorio, para las empresas multinacionales. Ese marco debería ser externo a la OMC y fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para administrar las inversiones extranjeras en beneficio de los pobres.

El informe de ActionAid fue publicado mientras el Grupo de Trabajo sobre la Relación entre Comercio e Inversiones de la OMC celebraba su reunión final en Ginebra, del 10 al 12 de junio, antes de la Quinta Conferencia Ministerial, en Cancún.

En una conferencia de prensa el 10 de junio, otras tres organizaciones no gubernamentales (ONG) se sumaron al llamado de ActionAid a detener los esfuerzos y las presiones para un tratado de inversión en la OMC. Esas ONG son la Red del Tercer Mundo, el Centre for International Environmental Law (CIEL, Centro para el Derecho Ambiental Internacional) y la International Union of Foodworkers (Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación).

Según las ONG, los miembros de la OMC tienen opiniones divididas sobre casi todos los asuntos que se discutieron en el Grupo de Trabajo, y es claro que no hay consenso sobre si deben iniciarse negociaciones sobre inversiones ni de qué manera.

“Al comienzo de la última reunión programada del Grupo de Trabajo, opinamos que en el proceso previo a Cancún no hay ningún consenso, mucho menos explícito, sobre cómo avanzar en las negociaciones sobre inversiones en la OMC”, declaró Steve Porter, principal abogado de CIEL.

Peter Ross, de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, que representa a 12 millones de trabajadores en 142 países, señaló que en el movimiento sindical internacional existen diferencias de opinión acerca de la inclusión de un tratado sobre inversión en la OMC, pero hay una oposición consensual a las actuales propuestas dentro del marco de la OMC.

Muchas asociaciones de trabajadores agrupadas en el Global Unions Group (Grupo Mundial de Sindicatos) adoptaron la posición conjunta de que los acuerdos sobre inversiones deberían excluir disposiciones sobre expropiación y tratamiento nacional, dado que éstas limitan la capacidad de aplicar estrategias de desarrollo, explicó Ross. “Las actuales propuestas de la OMC distan mucho de nuestras pretensiones. Como están las cosas, no podemos aceptar que los ministros de Comercio aprueben en Cancún el comienzo de las negociaciones sobre inversión en la OMC”.

Goh Chien Yen, de la Red del Tercer Mundo, con sede en Malasia, destacó que ONGs de todo el mundo manifestaron su oposición al comienzo de negociaciones sobre inversión en la OMC. En las discusiones del Grupo de Trabajo, quedó claro que no hay acuerdo entre los miembros de la OMC, ni se realizó adecuadamente la “aclaración de cuestiones” dispuesta en Doha, dijo.

Esta falta de acuerdo se aplica a todos los asuntos, incluso el alcance y la definición de inversión, la aplicabilidad del principio de no discriminación a las inversiones, consideraciones de desarrollo y forma de resolución de las diferencias, observó Yen.

Dado que ésta es la reunión final del Grupo de Trabajo antes de Cancún, es importante reconocer que no hay acuerdo sobre distintos elementos de un potencial tratado sobre inversiones y que no se ha ahondado lo suficiente en sus implicaciones para los países en desarrollo.

Goh destacó las diferencias de opinión aun sobre elementos fundamentales, como lo son el alcance y la definición de las inversiones. Algunos países industrializados reclamaron una definición muy amplia, que incluya no sólo las inversiones extranjeras directas, sino también las de cartera, mientras los países en desarrollo pretendían limitar la definición. Teniendo en cuenta la experiencia de inestabilidad financiera de los países en desarrollo, una definición muy amplia de inversión extranjera podría provocar dificultades en sus economías.

Además, muchos países se preguntan si la OMC es el foro apropiado para un acuerdo sobre inversiones, y arguyen que la aplicación de los principios de tratamiento nacional y nación más favorecida pueden ser útiles para el comercio de bienes, pero serían inapropiados y no deben ampliarse a las inversiones, que son un área totalmente distinta.

Goh señaló otro punto de desacuerdo: algunos países como India, Pakistán, Kenia y China propusieron que las discusiones abarcasen las obligaciones de los inversionistas extranjeros y sus gobiernos, pero los países industrializados rechazaron esta propuesta con el argumento de que no forma parte del proceso de aclaración.

En el actual estado de cosas, no existe base para un consenso explícito en Cancún para iniciar negociaciones acerca de un posible acuerdo sobre inversiones, concluyó.

John Hilary, representante de ActionAid y autor de “Compañías ilimitadas”, explicó que su informe está basado en nuevos estudios de casos de distintos países, entre ellos Uganda, Haití, Tailandia, Mozambique, Sudáfrica, India y Brasil.

Las inversiones extranjeras pueden ser una fuerza muy beneficiosa, dijo, y citó como ejemplo las fábricas de ropa de Bangladesh, China, Camboya y Lesotho, donde las inversiones contribuyeron al desarrollo al crear empleos, particularmente para las mujeres pobres, destacó Hilary. Por otra parte, advirtió, “tenemos ejemplos de casos de todo el mundo en que las inversiones extranjeras no fueron una fuerza de desarrollo ni resultaron beneficiosas”.

Los estudios de casos realizados demuestran que la inversión extranjera puede causar grandes daños a los derechos y los medios de vida de comunidades vulnerables, como ocurrió en Brasil, Uganda, Haití, Tailandia e India, señala el informe de ActionAid.

En Tailandia, una concesión a la compañía canadiense Asia Pacific Resources para extraer potasa de una superficie de 85.000 hectáreas causa temor entre expertos y aldeanos del lugar acerca del ambiente local (se prevé que la mina generará unas 20 millones de toneladas de residuos de sal) y los cultivos de arroz, de los que dependen 32.000 personas.

En la ciudad india de Plachimada, en el estado de Kerala, se estableció en 1998 una planta embotelladora de Coca-Cola. La extracción promedio de 350.000 litros de agua por día de pozos profundos casi agotó la capa freática de las comunidades locales, que sufren grave escasez de agua y contaminación ambiental, dice el informe.

Mientras, en Brasil, cuatro multinacionales acapararon 90 por ciento del mercado de semillas de maíz. Sesenta por ciento del mercado está controlado por Monsanto. De manera similar, en el sector de los lácteos, Nestlé y Parmalat controlaban más de la mitad del mercado a fines de los años 90. En el estado de Minas Gerais, los precios cayeron 50 por ciento y 70.000 productores pobres dejaron de abastecer a las empresas más grandes entre 1996 y 2002.

Estos ejemplos “se suman a los ya conocidos sobre los riesgos económicos de la inversión extranjera, en especial cuando hay productores locales expuestos a la competencia de empresas multinacionales mucho más poderosas”, señaló Hilary.

“A nivel macroeconómico, excluyendo a China, más de la mitad de todas las inversiones extranjeras en países en desarrollo no se realizan en nuevas fábricas productivas, sino en fusiones y adquisiciones”, observó.

“Creemos que el acuerdo multilateral sobre inversiones propuesto por la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y otros amenaza a los países en desarrollo, en particular a sus comunidades más pobres, porque puede liberalizar más las inversiones, así como ocurrió en los casos negativos citados en el informe”, manifestó el autor.

Hilary destacó dos amenazas que surgirían del posible tratado. La primera es la apertura de sectores sensibles de la economía que se han mantenido cerrados deliberadamente, como el de la agricultura en Tailandia, India y Etiopía. Tal apertura afectaría particularmente a la seguridad alimentaria. La segunda amenaza es el ataque a las políticas que los países en desarrollo usan para maximizar los beneficios de las inversiones extranjeras en áreas que ya están abiertas a ellas, como ocurrió con la liberalización de los servicios en virtud del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS).

También pueden ser amenazadas en la OMC las políticas favorables al desarrollo adoptadas por países del Sur, tales como los requisitos para las empresas conjuntas y los límites a la participación de capital extranjero, así como los requisitos de rendimiento.

Una lección de las negociaciones del GATS es que los países en desarrollo pueden realmente ser presionados para abrir sus mercados a los inversionistas extranjeros aun si no están interesados en hacerlo, recordó ActionAid en su informe. Otra lección de ese acuerdo es que, aunque miembros clave de la OMC puedan intentar proteger ciertas políticas de desarrollo registrándolas como limitaciones a sus compromisos de liberalización, esas políticas están en la mira de otros países para ser eliminadas en futuras negociaciones de la OMC.

Varios países del Norte se propusieron eliminar las principales políticas de desarrollo de los países del Sur en la actual ronda de negociaciones del GATS, como los requisitos para las empresas conjuntas y los límites a la participación de capital extranjero en Indonesia, Pakistán y Tailandia y otros países.

El informe también refuta la afirmación de la Unión Europea de que un acuerdo sobre inversiones en la OMC serviría a los mejores intereses de los países en desarrollo. Tal afirmación no resiste el menor análisis, dado que el acuerdo propuesto no aumentará el flujo de inversiones, los países en desarrollo serán sobrecargados con otra serie de negociaciones complejas que se sumarán al programa de trabajo de Doha, y además el tratado propuesto no contempla las necesidades de las comunidades pobres.
--- Este artículo fue publicado en South-North Development Monitor (SUNS) el 11 de junio de 2003.